Sistema acusatorio y violencia: lo que dicen los datos

Si el resto del año se mantiene en los niveles de averiguaciones por homicidio de los primeros cinco meses, terminaremos el año con una tasa de averiguaciones previas por homicidio de 19.3 por cada 100 mil habitantes; una tasa de víctimas de 21.7, y una tasa estimada de homicidios (i.e. SINAIS) de 23.3. Esto nos coloca de nueva cuenta en los niveles de violencia que atestiguamos en 2011, hasta hoy el año más violento de nuestra historia reciente.

Recientemente distintos funcionarios públicos, desde el Jefe de Gobierno hasta el Comisionado de Seguridad Pública, se han dedicado a señalar al nuevo sistema de justicia penal acusatorio como el culpable de esta escalada de violencia. Creemos que estas aseveraciones se basan en una lectura incorrecta y sesgada de los datos. A continuación explicamos, usando información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, porque los argumentos de estos funcionarios son equivocados.

1) La escalada de la violencia precede a la implementación del nuevo sistema de justicia penal.

A partir de noviembre de 2015, mes en el que se registraron menos averiguaciones previas por homicidio doloso de los últimos seis años, la violencia en México rebotó. Ha subido continuamente desde entonces. Para mayo de este año, habíamos alcanzado ya los niveles más violentos de 2011. ¿Esto se debe al nuevo sistema de justicia? No, la tendencia al alta precede su implementación por casi dos años; de hecho, un mes antes de su entrada en vigor en junio del año pasado, ya teníamos niveles de homicidios similares a los de finales de 2012.

La violencia ya venía creciendo, pero ¿hay evidencia de que el nuevo sistema penal haya modificado o acelerado la trayectoria? Tampoco.

El crecimiento promedio mensual en averiguaciones previas por homicidio con arma de fuego entre noviembre del 2014, cuando se revierte la tendencia a la baja, a junio del 2016, cuando se implementa el nuevo sistema acusatorio, fue de 3.2%; mientras que de junio de 2016 a mayo del 2017 (último mes disponible con datos de averiguaciones previas) fue de 3.9%. Hay dos conclusiones de este dato. Primero, la tendencia a la alza inicia más de un año antes de que se implemente el nuevo sistema. Segundo, el mayor crecimiento desde junio del 2016, cuando se implementa el nuevo sistema, se explica centralmente por lo que ocurrió justamente al mes siguiente de la implementación: en junio de 2016 hubo 969 averiguaciones, mientras que en julio hubo 1,159; este fue el crecimiento bruto más grande desde que se tienen datos. Los mayores crecimientos totales entre ambos meses ocurrieron en Michoacán, Guerrero y Veracruz, estados con un retraso en la implementación en el sistema acusatorio hasta antes junio de 2016.

Es un poco extraño pensar que el nuevo sistema liberaría inmediatamente a presos preventivos por posesión de armas de fuego, y que éstos además saldrían inmediatamente a matar con esas mismas armas. Si quitamos julio de 2016, el crecimiento mensual promedio desde la implementación del nuevo sistema acusatorio sería de apenas 2.3%, muy por debajo de lo observado justo antes del nuevo modelo.

2) La proporción de homicidios con arma de fuego es relativamente estable y se mueve con el nivel de violencia

Recientemente, el Comisionado Nacional de Seguridad declaró que antes del inicio del nuevo modelo acusatorio, 4 de cada 10 asesinatos se cometían con un arma, mientras que ahora, gracias al sistema, esa cifra es de 7 por cada 10. Esta aseveración está equivocada por dos razones distintas: en primer lugar, los asesinatos con arma de fuego nunca han representado al 40% de los homicidios; de hecho, desde 2011, nunca han representado menos del 50% del total de averiguaciones previas por homicidio doloso.

En promedio, entre enero de 2011 y mayo del 2017 57.4% del total de averiguaciones previas por homicidio fueron con arma de fuego, con un máximo de 67.4% en enero de 2017 y un mínimo de 50.9% en mayo de 2012. Se trata de un rango de variabilidad relativamente reducido. Repetimos, no ha habido un solo mes desde 2011 en el que el porcentaje de averiguaciones de homicidios por arma de fuego sea menor al 50% del total de averiguaciones.

Desde que tenemos información de averiguaciones previas a nivel municipal, es claro que cuando la violencia crece, la proporción de averiguaciones por homicidio con arma de fuego sobre el total crece también, aunque el ajuste entre ambas no sea perfecto. Esto quiere decir que, independientemente del sistema de justicia penal, cuando la violencia crece, es porque está siendo empujada por un tipo específico de violencia en la que el uso de arma de fuego es más común para matar. Por ejemplo, los dos meses más violentos desde 2011 fueron mayo de 2011 y mayo de 2017, los porcentajes con arma de fuego fueron 58.8% y 66.1% respectivamente.

3) La escalada de violencia se ha concentrado en ciertos estados, la mayoría de los cuales ya habían tenido altas tasas de violencia en el sexenio anterior.

Si ignoramos la tendencia nacional y nos concentramos en lo que ocurre en los estados ¿hay evidencia de que sí sea el nuevo sistema penal el causante del repunte en la violencia? No.

Si el sistema acusatorio fuera el causante de la escalada en la violencia, deberíamos ver que estados que eran relativamente poco violentos antes de 2016 repentinamente tuvieron un aumento en sus tasas de averiguaciones por homicidio doloso con arma de fuego. En cambio, vemos dos cosas muy diferentes: el regreso de la violencia de 2009-2011 para estados que habían sido ya muy violentos y el contagio desde 2015 de la violencia que antes eran relativamente poco violentos.

Si bien estados como Baja California, Zacatecas, Colima y Guanajuato tenían tasas relativamente bajas en 2011 y 2012, lo que podría parecer evidencia a favor de la hipótesis de las autoridades, el aumento de la violencia ahí antecede la implementación del nuevo sistema; comienza (como para el país en general), en 2015 por lo que es imposible que haya sido una consecuencia de la nueva manera de llevar los juicios.

Por otro lado, estados que fueron los focos rojos de la violencia durante el sexenio de Calderón, como Chihuahua, Sinaloa y Guerrero, comenzaron a ver esos mismos niveles de violencia regresar a partir de 2015 hasta alcanzar o rebasar los niveles de 2011. Por ejemplo, Guerrero registró 43 averiguaciones previas por homicidio con arma de fuego por cada 100mil habitantes en 2011, cifra que fue bajando hasta 22.8 en 2014 y luego repuntó, hasta llegar a 43.7 en 2017.

Un tercer grupo de estados, como Nuevo León y Nayarit, solían ser violentos en el sexenio anterior pero logaron evitar re contagiarse durante la reciente ola de violencia. Si el sistema penal acusatorio, que se aplicó en todos los estados, es el causante del regreso de la violencia ¿cómo explicar estos estados que se mantuvieron con tasas relativamente bajas?

Cuando vemos los cambios en la proporción de averiguaciones previas por homicidio doloso que estuvieron relacionadas con arma de fuego según estado, vemos lo mismo que adelantábamos en la sección anterior: el aumento en la violencia se debe al aumento de un tipo de violencia específico que hace uso de armas de fuego.

La tendencia es la misma que cuando se habla de tasas: aquellos estados que fueron violentos en 2011 y luego volvieron a ser violentos recientemente muestran una disminución y luego un regreso a altos porcentajes de homicidios cometidos con arma de fuego. Por ejemplo, el 77% de las averiguaciones previas por homicidio en 2011 en Chihuahua tuvieron que ver con arma de fuego; este porcentaje disminuyó entre 2013 y 2014 pero repuntó en 2015 y, para 2017 ya era de 61%.

Los es que son nuevos en estos altos niveles de violencia, Baja California, Zacatecas y Guanajuato, por ejemplo, muestran altos porcentajes de homicidios con arma de fuego sólo desde 2015 y algunos estados que solían ser violentos pero que lograron mantenerse aislados de esta reciente recaída, como Nuevo León y Nayarit, tienen un menor porcentaje de homicidios con arma de fuego ahora de lo que tenían en 2011.

4) ¿Una víctima por liberado?

Desde junio de 2016, el nuevo sistema penal acusatorio ha dejado que poco más de 5 mil consignados por portar armas de fuego sigan con sus procesos penales en libertad. Hemos visto ya que ningún dato apoya la teoría de que estos 5 mil consignados son los causantes de la escalada en la violencia, pero, como puro ejercicio de ocio ¿A cuantas personas tendrían que haber matado estos individuos para ser los responsables por el aumento de los homicidios?

De junio de 2015 a mayo de 2016 hubieron 19,733 víctimas de homicidio doloso, mientras que de junio de 2016 a mayo de 2017 ha habido 25,624 víctimas. Supongamos que las 5,891 víctimas extras fueron asesinadas por estas personas. Cada uno de los “liberados” tendría que haber matado a poco más de una persona. Esto es ridículo, sobre todo cuando piensas que a ninguno de estos 5mil consignados se les imputó el cargo de “homicidio”, pues éste (y otros, como secuestro o delincuencia organizada) conllevan a prisión preventiva automática.

Entonces, ¿qué está causando el aumento en la violencia?

Diez años después de la guerra contra el narco las autoridades siguen insistiendo en hacer un diagnóstico miope. Parece que 2017 va a ser el año más violento en la historia reciente del país y lo único que ofrecen ahora a manera de diagnóstico es “el nuevo sistema penal quitó la prisión preventiva y entonces aumentaron los homicidios”, ¿Y antes qué la explicaba?

No importa que no hay ningún dato que conecte al nuevo sistema penal con el aumento en la violencia, no importa que el aumento de la violencia preceda por años la implementación del nuevo sistema penal, no importa que no ofrecen ningún mecanismo causal que ligue la implementación del sistema con un aumento en homicidios, no importa que el país tuvo siete años para prepararse para el cambio en el sistema penal.

Sabemos que gran parte de las fluctuaciones en la violencia se deben a fluctuaciones en apenas 202 municipios, ¿hay un argumento para esperar que el cambio en el sistema penal afecte centralmente a esos municipios?

En términos de los datos no hay sustento alguno, pero detengámonos un momento y preguntémonos por mero ejercicio mental, ¿Cómo se conectarían causalmente el nuevo sistema acusatorio con el crecimiento en homicidios? La lectura implícita de funcionarios y autoridades es que quienes son liberados por no podérseles mantener preventivamente en la cárcel por el delito de portación de armas, salen a matar. Tenías un arma, te detuvieron, el MP fue incapaz de proveer pruebas para vincularte a delito, un juez te libera, tú sales a matar… con otra arma, suponemos, dado que la que tenías, suponemos también, te la incautaron.

Lo que nos dicen quienes esgrimen el argumento entonces, es que el sistema es incapaz de vincular a los detenidos a otro delito que no sea el de portación de armas, y que es ese otro delito el que predice que lo vuelven a cometer: crimen organizado y/u homicidio doloso. Y que para ello volverán a hacerse, porque el sistema es también incapaz de prevenirlo, de otra arma; y que, con otra arma en las manos, inevitablemente matarán. Nos lo dicen, además, sin un cachito de evidencia alguna en cada momento de la cadena causal. No sabemos en dónde han sido liberados, en qué fechas exactas, con qué efectos precisos sobre homicidios con arma de fuego ahí y entonces, y cuántos han sido recapturados y ahora sí sentenciados por el delito de homicidio doloso. Vamos, no sabemos siquiera el nivel de peligrosidad de detenidos y liberados porque las autoridades no han sido capaces de crear la Unidad de Seguimiento de Medidas Cautelares.

Entonces, lejos de diagnosticar y proponer medidas específicas para que el ejecutivo presente frente al judicial expedientes sólidos para sentenciar homicidas; lejos de por fin plantear un programa en serio de reducción de homicidios que no sea un mero mecanismo de transferencia de recursos a los estados (i.e. Pronapred); lejos de empujar un sistema de justicia penal que se provea certidumbre y reduzca arbitrariedades; lo que se nos propone es mantener detenciones cautelares sin pruebas, aterrorizarnos por la liberación de más detenidos sin pruebas, y como acto de fe creerles que a ello se debe el crecimiento en violencia del último año… aunque los datos digan otra cosa.

Nota Metodológica:

Los datos de averiguaciones fueron obtenidos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Se usaron datos de averiguaciones previas y de víctimas totales. Los datos de población usados son las proyecciones poblacionales de CONAPO.

Los datos los pueden consultar haciendo clic aquí.